Córdoba busca puentes entre movimiento feminista y gestión pública ante el Encuentro Plurinacional

En Córdoba se organiza el 39° Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersex y No Binaries, que se realizará del 10 al 12 de octubre. Los organizadores señalan que la ciudad absorberá unas 150 mil asistentes y que la logística deberá garantizar alojamiento, salud y seguridad, dentro de un marco de diálogo con movimientos y con las gestiones provincial y municipal.

La Comisión Organizadora en Córdoba reúne a más de 300 mujeres que trabajan de forma horizontal y sin voceros únicos. Se define autónoma respecto del Estado y, pese al tamaño del encuentro, se autofinancia con inscripciones, ventas de remeras, remanentes de la comisión de Corrientes y aportes de fondos de mujeres del Sur y donaciones de organismos feministas.

El escenario social que convoca es diverso: desde organizaciones de izquierda y sindicatos hasta sectores del peronismo y la denominada economía popular, además de la Comisión Travesti-Trans y comunidades originarias. El objetivo es garantizar un debate plural y una organización preparada para acuerdos que no dependan de un único actor institucional.

Entre las funcionarias que actúan como puentes entre el lenguaje de las asambleas y la burocracia figuran Liliana Montero (Salud y Desarrollo Humano de la Provincia), Victoria Flores (Ambiente), Soledad Ferraro (Cultura y Empleo) y Romina Scocozza (Género de la Universidad Nacional de Córdoba). Su labor es facilitar la articulación entre la mesa organizadora y las áreas estatales.

El resultado tangible fue la creación de una mesa interministerial para destrabar insumos críticos. Con ello se garantizó que más de ochenta escuelas provinciales estén disponibles dentro del anillo de Circunvalación para alojamiento, cerca de treinta espacios para talleres, aulas universitarias y unidades sanitarias móviles en las plazas centrales. También opera la Mesa de Cuidados Colectivos junto al Ministerio de Seguridad para asegurar la libre circulación y prevenir episodios represivos.

Para el Gobierno provincial, este dispositivo se percibe como un ensayo general de gestión ante la eventual llegada del Papa León XIV, programada para el 10 de noviembre. Las autoridades estiman entre 500.000 y 750.000 asistentes y prevén un operativo coordinado de ordenamiento del espacio público, sanitarios y hotelería para garantizar la funcionalidad del evento.

La contracara política es la ausencia de representación opositora: la UCR, La Libertad Avanza y el Frente Cívico de Luis Juez no participan de las comisiones ni de las mesas de debate y optan por abstenerse. Se argumenta que las consignas de género y las intervenciones estatales generarían costos electorales para sus electorados conservadores.

Entre los ejes del Encuentro figuran la erradicación de femicidios y transfemicidios, la defensa de la interrupción voluntaria del embarazo y del derecho a la identidad plurinacional junto a comunidades indígenas, además de la mejora de las condiciones laborales y la plena accesibilidad universal. Se mencionan casos como Justicia por Agostina Vega y la libertad para Paola Ortiz, que participarán de la marcha.

El encuentro se financia con fondos propios y aportes de distintas organizaciones; se mantiene la promesa de autonomía frente a poderes estatales y la voluntad de convertirlo en un espacio de debate abierto, independiente y autogestionado.