Misiones endurece defensa de tierras ante fallo de la Corte

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, firmó un decreto para ordenar a la Fiscalía de Estado que ejercite acciones y defensas orientadas a proteger los derechos e intereses de la provincia. La medida ocurre en un marco judicial complejo, tras el fallo de la Corte Suprema que dejó vigente el DNU 70/2023 y dio por derogada la Ley de Tierras.

El texto establece que la Fiscalía debe actuar, en las oportunidades y por las vías que se consideren técnicamente más oportunas, para defender los derechos e intereses del Estado provincial respecto a la propiedad, posesión o tenencia de tierras rurales. Es la primera respuesta institucional de Misiones ante el nuevo escenario legal. El decreto fue emitido el 5 de octubre de 2026.

Entre los fundamentos, el decreto señala que la vigencia del DNU podría afectar la autonomía y la soberanía territorial, además de las finanzas públicas y el entramado económico y social de la provincia. Subraya también que el territorio misionero mantiene una larga frontera con Brasil y Paraguay, lo que agrava la relevancia de la defensa de tierras para la seguridad provincial.

La provincia tiene casi 1.300 kilómetros de frontera, con 910 km en común con Brasil y 376 con Paraguay. Esta realidad geográfica y productiva refuerza la preocupación por posibles compras de tierras por extranjeros y por la necesidad de proteger los recursos naturales y el desarrollo local.

Passalacqua enfatizó que la medida no apunta al gobierno nacional ni menciona a Javier Milei, dejando claro que se trata de una defensa de soberanía provincial. Se trata de una postura estrictamente orientada a resguardar recursos y territorio, sin confrontación explícita con el ámbito federal.

Según el decreto, la Fiscalía de Estado deberá definir las acciones y defensas necesarias para sostener los intereses provinciales en cada oportunidad y por las vías pertinentes. La acción judicial se presenta como una primera respuesta institucional ante el escenario generado por el fallo y la derogación normativa.

El anuncio se enmarca en el vacío institucional que dejó la resolución judicial y la necesidad de preservar la autonomía de la provincia en temas sensibles como la propiedad de tierras rurales y la seguridad de frontera. El texto resalta además que sectores estratégicos relacionados con el desarrollo provincial y los recursos naturales pueden verse afectados.

La postura de la provincia muestra diferencias con el modelo libertario en materia de protección de recursos nacionales y provinciales y de soberanía. La medida, sin embargo, se mantiene como un primer paso institucional y deja en manos de la Fiscalía de Estado la definición de la estrategia legal a seguir.