Melella y Río Grande: deuda por coparticipación desata la disputa política en Tierra del Fuego
La deuda de Tierra del Fuego con Río Grande por coparticipación asciende a 17.000 millones de pesos, mientras Martín Pérez advierte que recortes no disciplinarán a la ciudad y la crisis industrial agrava la situación regional.
La deuda por coparticipación que mantiene el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, con la Municipalidad de Río Grande asciende a 17.000 millones de pesos, según documentos oficiales. El intendente Martín Pérez afirmó que cualquier recorte destinado al municipio sería interpretado como un intento de disciplinarlo y enfatizó que no permitirán medidas que afecten a los vecinos.
Este pasivo se inscribe en un marco de crisis para la industria local. La región enfrenta una notable caída de la actividad manufacturera y el encarecimiento de costos operativos, lo que compromete servicios municipales y proyectos de obra. Las transferencias provinciales, además, suelen demorar, y el municipio depende en gran medida de la distribución nacional y provincial, que representa una parte sustancial de sus ingresos.
El monto adeudado equivale al presupuesto total de Salud para el año en curso, o prácticamente la mayor parte del plan de obras del municipio, lo que agrava el escenario financiero de Río Grande y eleva la urgencia de una resolución.
En el plano político, la relación entre el gobierno provincial y la ciudad está marcada por tensiones y alianzas. Melella ha buscado acercamientos con el gobierno de Javier Milei, mientras Pérez mantiene una postura crítica y propone una construcción política provincial enfocada en defender la industria y a los trabajadores. Se ha mencionado que Melella habría pactado un acuerdo con Milei, y Pérez se perfila como contrincante posible en la carrera por la gobernación en 2027. Tierra del Fuego, con un sistema que podría exigir una segunda vuelta, podría favorecer una alternativa panperonista sin la anuencia de Melella si ninguna fuerza supera el 50 por ciento de los votos.
Además de la discusión presupuestaria, persisten las contradicciones institucionales. El Concejo Deliberante ha llevado adelante gestiones para garantizar los recursos, y el Tribunal de Cuentas emitió un informe contable que respalda las preocupaciones por la demora en el envío de fondos. En paralelo llegaron 45.000 millones de pesos para atender urgencias, pero no resuelven los problemas estructurales; la Legislatura debe definir antes de fin de mes el fondo docente que contribuye a la inestabilidad en la provincia.
En este contexto, Río Grande queda en el centro de un choque entre la agenda de desarrollo industrial nacional y la realidad fiscal de la provincia. La deuda, la demora en las transferencias y la pugna política entre Melella y Pérez configuran un escenario complejo para la gestión municipal y la planificación regional.