Justicia Federal de Córdoba: acuerdan impedir que jueces con vínculos afectivos compartan sala

En Córdoba, las juezas María Soledad Mancini y Facundo Cortés Olmedo, recientemente designadas para cubrir vacantes en la Cámara Federal de Apelaciones, impulsaron una acordada fechada el 7 de octubre. El documento propone reorganizar la estructura interna del tribunal y establece la división de las Secretarías Civiles y Penal por salas, con el objetivo de agilizar la tramitación de causas y fortalecer el funcionamiento del órgano jurisdiccional.

En su núcleo, la acordada establece una regla central: los magistrados que estén o hayan estado unidos por matrimonio, convivencia o un vínculo afectivo estable no podrán integrar simultáneamente una misma Sala. Se trata de una medida presentada como organizativa y preventiva, destinada a eliminar cualquier apariencia de conflicto y a sostener la independencia judicial ante críticas sobre la gestión de asuntos durante periodos de vacancias.

La iniciativa fue respaldada por los seis integrantes de la Cámara que firmaron la acordada. Llega en un momento en que Liliana Montesi, presidenta de la Cámara, y Abel Sánchez Torres, vicepresidente, figuran entre las figuras expuestas en denuncias sobre la posibilidad de pactos para conformar mayorías en distintas salas, a pesar de mantener una relación afectiva. Aunque las imputaciones no han sido confirmadas, la medida funciona como un blindaje institucional ante suspicacias públicas.

Paralelamente a estas tensiones, hace unos 20 días el juez Alejandro Sánchez Freytes procesó a Sánchez Torres por abuso de autoridad y por lesiones graves calificadas por mediar violencia de género. En paralelo, dictó falta de mérito y sobreseimiento para Montesi respecto de los hechos denunciados. El fallo añade presión a un tribunal ya bajo atención pública por estas circunstancias.

Según el abogado Claudio Orosz, las denuncias apuntan a que la dinámica entre Montesi y Sánchez Torres, junto con la decisión de integrarse en una misma sala para formar mayorías, podría haber influido en resoluciones parciales. El entorno sostiene, además, que Mancini y Cortés Olmedo cuentan con respaldo de peso en el gobierno nacional, lo que podría influir en la forma en que se aplica la nueva normativa.

La acordada quedó incorporada al reglamento interno de la Cámara Federal de Apelaciones y se presenta como una medida de prudencia institucional para reforzar la independencia y la confianza pública. En este marco, se recuerda un precedente de la Corte Suprema que señala que la convivencia entre personas con vínculos en tribunales no se invalida automáticamente, pero sí exige que las reglas sean claras para evitar suspicacias externas.