Casación revoca absolución y declara culpable a exintendente salteño por contrabando de rieles hacia Bolivia

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revocó la absolución del exintendente de Morillo, Atta Miguel Gerala, y lo ubicó como partícipe necesario de contrabando triplemente agravado y robo agravado de vías del ramal C-25 del Ferrocarril Belgrano, con destino a Bolivia durante 2024.

El fallo, con los votos de los jueces Daniel Antonio Petrone y Javier Carbajo, y la disidencia del juez Alejandro W. Slokar, dejó sin efecto la decisión del Tribunal Oral Federal N° 2 de Salta, que había absuelto al exjefe comunal en abril de este año, basándose en una presunta falta de intervención personal en los hechos.

La Casación ordenó considerar a Gerala penalmente responsable como partícipe necesario del contrabando de mercaderías, en concurso real con robo agravado, por la intervención de tres o más personas y por el valor de los bienes, calculado en más de 558 millones de pesos, según consta en la sentencia.

Asimismo, los jueces remitieron las actuaciones a la Oficina Judicial de Salta para que el tribunal correspondiente fije la pena del exintendente.

En la misma causa, fueron condenados otros cuatro integrantes de la red que participaban en el robo y contrabando de rieles, entre ellos dos policías y el propio hijo de Gerala, José Miguel “Yopi” Gerala, quien recibió una condena de seis años de prisión.

La investigación describió una banda que operaba entre marzo y octubre de 2024, desmantelando progresivamente las vías del Ramal C-25 del Belgrano en el norte de la provincia, para trasladar el acero hacia Bolivia por la frontera.

La organización estaba encabezada por “Yopi” Gerala, quien reclutaba a pobladores de comunidades originarias para cortar tramos de rieles de entre cuatro y seis metros. Para mover a estas personas y herramientas, utilizaban habitualmente una camioneta del entonces jefe municipal.

Bajo la coordinación de David Edilberto Medina, también condenado a seis años, las cargas se dirigían hacia fincas privadas en Aguas Blancas, localidad fronteriza con Bolivia. Para facilitar el tránsito, la banda pagaba coimas a Mauro Rodríguez, jefe del puesto policial de Pluma de Pato, y a Jorge Fernando Cabrera, cabo de la Gendarmería, que despejaban controles en la Ruta Nacional 81 y el puesto “28 de Julio”. Ambos recibieron penas de dos años.

Una vez en la orilla del río Bermejo, los rieles eran cruzados clandestinamente hacia Bolivia a bordo de balsas de goma. El expediente se inició tras el hallazgo de neumáticos vinculados a Medina y la interceptación de comunicaciones desde el teléfono celular del hijo del intendente, que luego fue ampliada con filmaciones de la Gendarmería Nacional, que captaron el momento exacto de la descarga de rieles para su cruce.

Las pruebas recolectadas permitieron revocar la absolución y dictar la culpabilidad de Gerala como partícipe necesario. En el marco de la misma causa, continúan pendientes la individualización de la pena y el destino de los otros condenados, así como la reparación de posibles responsabilidades administrativas que puedan surgir.