El oficialismo retrasa la ley Malvinas ante presiones internacionales y tensiones en el Congreso

El oficialismo decidió dar por congelado el proyecto Defensa de la Soberanía, conocido popularmente como la ley Malvinas. La orden es no avanzar por ahora, debido a la falta de consenso entre los aliados para reformar materia de defensa y seguridad y a las recientes presiones de Estados Unidos para frenar las sanciones a empresas que operan en las Islas Malvinas. En este marco, el bloque busca que el canciller Pablo Quirno se presente en la Cámara de Diputados para explicar el avance y la implementación del régimen sancionatorio y para gestionar ante Chile la interrupción de la salida de un buque que partirá el 10 de noviembre hacia las islas.

Las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores realizaron cuatro plenarios sin lograr los respaldos necesarios. Aunque no se formalizó un cajón definitivo, todo indica que el tema quedará en suspenso mientras la agenda primaria del Gobierno son el Presupuesto y la Reforma Electoral. En paralelo, el kirchnerismo empuja para que la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, que responde a Santiago Caputo, explique ante la comisión el alcance de la iniciativa y posibles cambios. Ni el canciller Quirno ni el ministro de Defensa, Carlos Presti, acudieron a defender la propuesta ante las autoridades del Congreso.

En el plano internacional, el subsecretario de Estado Christopher Landau afirmó en una conferencia de prensa que Washington observa la evolución argentina y advirtió sobre posibles desinversiones si avanza el proyecto. A la vez, Argentina votó abstención en la ONU en relación con la eliminación del Comité de Descolonización, un dato que el oficialismo interpreta en clave de tensiones diplomáticas sobre Malvinas. Dentro de ese marco, Milei busca sostener la agenda de Presupuesto y Reforma Electoral, con miras a las elecciones y a las alianzas necesarias para avanzar o no en la iniciativa.

En el Senado, Patricia Bullrich sostuvo que es clave que Diputados opere con celeridad para revisar la letra chica, en particular ante la posibilidad de excluir al Ministerio de Seguridad del Consejo de Seguridad. El contexto político refleja también la tensión entre la expectativa de reelección de Milei y la necesidad de consolidar acuerdos con los aliados para sostener la continuidad de la política exterior. Mientras tanto, el proyecto que contempla sanciones a empresas estadounidenses permanece sin avance formal y continúa en mirrors de negociación.

Entre los elementos que se discuten figura la retirada del artículo 111, que fija penas de 5 a 12 años de prisión para quienes, a pedido o financiamiento de un Estado o agente extranjero, intenten interferir en procesos electorales. Esa decisión, que podría estar sujeta a la interna del Gobierno, ayuda a explicar por qué la iniciativa podría cajonearse por ahora. El origen del proyecto aparece vinculado a Santiago Caputo, sin acompañamiento explícito del gabinete; ni Quirno ni Presti fueron a defenderlo públicamente, y María Ibarzabal Murphy fue la funcionaria que llevó la defensa ante la comisión.