26 octubre, 2026

El círculo rojo en el banquillo: Báez, López, Mercado y Manzanares en Hotesur-Los Sauces

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En la apertura del juicio, el círculo cercano a Cristina y Máximo Kirchner se reunió telemáticamente para enfrentar cargos de organización ilícita y blanqueo de activos a través de Los Sauces y Hotesur, según la acusación.

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El inicio del juicio por Hotesur-Los Sauces estableció, de entrada, el reagrupamiento del denominado círculo rojo de la familia Kirchner. La primera jornada, llevada a cabo de forma telemática, reunió a los principales colaboradores y socios para la lectura de los requerimientos de elevación a juicio.

La Fiscalía sostiene que la estructura descrita funcionaba como una organización ilícita destinada a reciclar fondos derivados de la corrupción estatal, a través de la actividad inmobiliaria de la familia y de empresas ligadas a ella. El plan, indica el requerimiento, buscaba transferir y disimular ganancias entre empresarios y figuras del entorno de los Kirchner para beneficiar al núcleo familiar y a los ex presidentes.

Entre los imputados figuran Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, a los que la acusación ubica como “empresarios amigos” que garantizaron una parte sustancial de la facturación de Los Sauces S.A. También se menciona Romina de los Ángeles Mercado, hija de Alicia Kirchner, a quien se atribuye un rol operativo clave.

Mercado ejerció la presidencia formal de Los Sauces S.A. a partir del 18 de marzo de 2015, sustituyendo a su primo Máximo Kirchner, y asumió la conducción ejecutiva, la representación ante terceros y la administración de los fondos que inyectaban las empresas de Báez y De Sousa. Florencia Kirchner acompañó como vicepresidenta.

La acusación detalla la operación de adquisición de un departamento en la calle San José 1111 (piso 2º D) en la ciudad de Buenos Aires. Se habrían aportado 4 millones de pesos irrevocables provenientes de Cristina Kirchner, Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, y la compra se tramitó por 370.000 dólares mediante la cesión de cuatro Certificados de Depósito para la Inversión (CEDINES). El inmueble fue destinado al uso residencial exclusivo de Florencia Kirchner, sin cobro de alquiler ni registro previo en actas.

Además, la acusación señala que Mercado mantenía simultáneamente una relación de dependencia con Inversora M&S, de Cristóbal López, mientras ejercía la presidencia de Los Sauces y gestionaba locaciones de otras firmas del conglomerado. Esta superposición de funciones se presenta como indicio de la estructura de control y blanqueo.

Osvaldo Sanfelice y Carlos Sancho figuran como operadores y gestores centrales para montar, ejecutar y sostener la red de blanqueo de fondos de la familia presidencial. Sanfelice, con poderes para intervenir en la compra de inmuebles y la administración de propiedades, cobraba cheques de Los Sauces mientras trabajaba para Álcalis de la Patagonia, del Grupo Indalo.

Carlos Sancho, ex gobernador de Santa Cruz y ex socio de Máximo Kirchner, aportó la estructura operativa local para viabilizar el cobro y manejo de las rentas de los departamentos construidos por Báez en Río Gallegos, gestionando directamente los alquileres mediante la inmobiliaria Sanfelice, Sancho y Asociados.

El contador Víctor Manzanares, figura de extrema confianza de Néstor y Cristina Kirchner, es señalado como organizador de la asociación ilícita y coautor del lavado de activos. Según la acusación, aportó los conocimientos contables para diseñar y mantener el andamiaje societario de Los Sauces y Hotesur, incluyendo la confección de libros y balances y la coordinación de los números del holding familiar.

Los hechos descritos se analizan ante el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), integrado por José Michilini, Fernando Machado Pelloni y Adriana Palliotti. En esta etapa, la modalidad telemática domina la diligencia, mientras que la presencialidad será plena cuando se avancen las indagatorias.

La fiscalía sostiene que estas maniobras configuran una matriz de operaciones destinada a blanquear fondos derivados de contratos con el Estado y de prebendas a empresarios cercanos, extendiéndose a los actos de ex presidentes y a su núcleo familiar dentro de lo que la justicia denomina una “organización criminal”.

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